Agroquímicos y salud pública
Por: Juan Urrutia
En una columna anterior decíamos que regular el uso de agroquímicos no es un capricho de ambientalistas trasnochados si no una necesidad de salud pública. Expliquemos eso.
El modelo agrícola dominante utiliza una gran cantidad de productos de síntesis química (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera) denominados fitosanitarios por sus defensores, como intentando negar que el sufijo “cida” quiere decir “el que mata”. Aunque los llamen con eufemismos estas sustancias son venenos, tal como lo indica el símbolo de la calavera sobre las tibias cruzadas impreso en los envases. Desde la industria se difunde el discurso semiverdadero que repiten vendedores, asesores y usuarios de agrotóxicos: “Los productos que se usan en la actualidad, a diferencia de los que se han usado en el pasado, son prácticamente inocuos” o; “La nueva generación de fitosanitarios son banda verde y banda azul”, haciendo referencia a la categorización de la OMS que los clasifica en banda roja, amarilla, azul y verde en orden decreciente de toxicidad. Lo que no dicen es que los estudios de toxicidad los hacen las mismas empresas que los fabrican y que en general son investigaciones de corta duración en las que no se analizan los efectos crónicos, la acción sinérgica de dos o mas sustancias y la exposición prolongada a micro dosis.
Los riesgos a la salud que implican los venenos de uso agrícola van mucho mas allá de los que se mencionan en las etiquetas y no hace falta vivir en el campo para estar expuesto. Veamos algunos ejemplos.
El Clorpyrifós es un insecticida de uso frecuente en nuestra zona. Afecta, naturalmente, a las personas cercanas a los campos fumigados pero los residuos también llegan hasta los habitantes de las ciudades en frutas y verduras. Estudios científicos vinculan la exposición prenatal a Clorpyrifós con problemas del desarrollo neuronal en los niños. Otras investigaciones muestran vinculación entre el consumo de insecticidas organofosforados, grupo al que pertenece el Clorpyrifós, y el surgimiento de algunos tipos de diabetes.
La Atrazina es un herbicida usado para control de malezas de hoja ancha en cultivos de sorgo y maíz principalmente. El tiempo de degradación en el suelo es muy variable y alcanza fácilmente las napas de agua. En Europa su uso está prohibido desde 2003. Varios estudios vinculan la presencia de residuos de Atrazina en el agua de consumo con microcefalia, bajo peso al nacer y gastrosquisis (una malformación en la cual los intestinos se desarrollan por fuera del abdomen del feto).
El Paraquat es otro herbicida de amplio espectro usado para controlar malezas difíciles. La Unión Europea prohibió su uso hace mas de diez años porque las investigaciones científicas vinculan la exposición a esta sustancia con el surgimiento de mal de Parkinson.
La bibliografía científica acumulada es abrumadora y podríamos vincular varias patologías a cada uno de los principios activos aprobados por SENASA para uso agrícola.
La Ley Nacional de Ambiente, establece como uno de los principios rectores en materia ambiental el Principio Precautorio, señalando que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La evidencia científica abunda y la consecuencia de la contaminación ambiental con venenos agrícolas son una serie de patologías que además de empeorar la calidad de vida de los afectados y de sus familias, le cuestan a los pacientes y al Estado miles de millones al año.
