Alarma por un decreto para desregular las prestaciones por discapacidad

A  la ya complicada situación que viene atravesando el área de discapacidad se le acaba de sumar un decreto que, de hacerse efectivo, significará un deterioro en la calidad de vida de unas 200.000 personas en todo el país.

Se trata de un proyecto presidencial firmado por Diego Spagnuolo —abogado personal de Javier Milei y director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— cuyo texto se filtró el pasado 10 de mayo, por el cual se desregularía el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

¿Que significa este decreto?

Esto significa que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema (PAMI, Incluir Salud, Superintendencia de Riesgos de Salud) fijarán de forma independiente y no vinculante entre ellos los aranceles de las prestaciones para las personas con discapacidad reguladas por la Ley 24.901. En otras palabras, los aranceles ya no estarán atados al nomenclador —como ocurre desde hace más de 25 años—que establece un valor único para cada prestación.

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”, explican desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La desregulación va de la mano de la desfinanciación de los fondos para las obras sociales. Estos fondos garantizaron hasta ahora que todas ellas pudiesen pagar por estos servicios, lo que dejaría de ocurrir.

La consecuencia es clara: si cada financiador fija sus propios aranceles ya no habría forma de establecer universalidad en la prestación educativa, terapéutica, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial, el piso de igualdad que regía hasta ahora y garantizaba los servicios. “Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de miles de personas con discapacidad”, agregan desde el Foro.

Por su parte, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) aseguran que el área de discapacidad dejó de estar en emergencia y pasó a estar “en peligro de extinción”.

En peligro de extinción

Tanto quienes prestan como quienes reciben los servicios vienen siendo castigados desde la pandemia de COVID-19. Pero la brutal devaluación de enero y la inflación posterior elevó los costos operativos (sueldo, combustible, alimentos e insumos) de los prestadores de servicios en el sector de discapacidad que no fueron ajustados y arrastran un desfasaje que ya en diciembre de 2023 se calculaba en 100 puntos.

De efectivizarse el nuevo decreto “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”, aseguran desde el Foro. Y advierten que esta situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que “están al borde del colapso”.