Buscan bajar la edad de imputabilidad a los 15 años
El diputado nacional Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, presentó el proyecto de ley "Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil" que busca bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años. La iniciativa se basa en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, según consignó el legislador.
"El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas. Por ende, la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades", expresó Santilli.
Además, agregó que la idea de justicia restaurativa se entiende como "una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad".
Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años. En ese contexto, Santilli presentó esta iniciativa que ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.
QUÉ DICE LA PROPUESTA QUE BAJA LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 15 AÑOS PARA DELITOS VIOLENTOS
La finalidad del proyecto, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, está puesta en revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad. Para ello, se prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.
En ese sentido, en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción e incidencia, pudiendo proponer modos de reparación.
Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad.
En estos casos, los jueces y juezas podrían disponer de hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.
