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Convocan a audiencia pública para definir los aumentos en la tarifa de luz



El Gobierno nacional convocará a una audiencia pública el próximo viernes 26 de enero para tratar los aumentos del servicio de distribución eléctrica, uno de los cuatro componentes que definirá el incremento de la tarifa de luz para este año.


Tras la asunción de Darío Arrué como interventor, el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este miércoles en el Boletín Oficial la convocatoria a audiencia pública para determinar las nuevas tarifas del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y Edesur.


En ese sentido, la inflación estimada entre la fecha del último aumento para las distribuidoras (junio de 2023) y febrero próximo sería de 184%. Al ser el servicio de distribución uno de los cuatro componentes que forman el precio final de la tarifa de luz, el impacto en la tarifa final sería en torno al 50%.


Asimismo, la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo avanza en la manera de trasladar a las boletas de electricidad la devaluación de diciembre pasado, lo que implicará un nuevo aumento en la tarifa de la luz.


Cabe señalar que, el presidente, Javier Milei, declaró en los últimos días que existe una emergencia en el sector energético nacional, e instruyó un programa de acciones destinadas a garantizar la prestación del servicio eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios.


Entre esas medidas, figuró la intervención del ENRE a partir del 1° de enero de 2024 y hasta la designación reglamentaria de los cinco miembros del Directorio: es decir, presidente; vicepresidente; y vocales primero, segundo y tercero.


Durante el período de la transición, Darío Arrué deberá impulsar la determinación de una actualización tarifaria provisoria, mientras se inicia la ejecución del proceso de Revisión Tarifaria de los Servicios de Distribución y Transporte de Jurisdicción Nacional para la reducción de subsidios en el período 2024 – 2028.


Así, según indicaron fuentes de la Casa Rosada, “el Estado tiene la obligación de preservar la seguridad de la sustentabilidad del sistema y para eso hay que proveer ingresos para que las empresas den el servicio en condiciones de calidad”, tras lo cual detallaron que los aumentos deberían darse en un plazo menor a los seis meses.

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