Crisis en Universidades Nacionales por Ajuste Presupuestario de Javier Milei

El escenario inflacionario, desencadenado por la desregulación de precios y el congelamiento de recursos, presenta un desafío inminente para la educación superior. El CIN ha enfatizado la importancia de contar con un presupuesto actualizado, presentando una solicitud de 2,5 billones de pesos, contrastando fuertemente con la asignación inicial del año 2023, fijada en 752 mil millones de pesos.

Rectores y gremios docentes han advertido sobre las graves consecuencias que enfrentarían las universidades si no se aprueba este incremento presupuestario. Afrontar el año 2024 con recursos similares a los del año 2023, considerando una inflación proyectada del 180 por ciento al cierre del presente año, se vuelve inviable. La estructura de gastos de las instituciones se vería gravemente afectada por las alzas en los precios y las tarifas, poniendo en riesgo áreas cruciales como los comedores universitarios, becas, investigación y otros insumos esenciales.

A pesar de las reuniones recientes entre el CIN y las nuevas autoridades de Educación, donde se discutieron los temas más apremiantes, como el pago de salarios pendientes y resoluciones adeudadas, la principal preocupación sigue siendo el crédito presupuestario para el año venidero.

El vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo, enfatizó la necesidad urgente de esta actualización presupuestaria, señalando que de no concretarse, las universidades se verían limitadas a funcionar apenas cuatro meses con los fondos otorgados en 2023.

El sector docente, representado por sindicatos como la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y la Conadu, ha expresado su preocupación ante un ajuste que podría profundizar la pérdida de poder adquisitivo. Advierten que la inflación podría dejarlos hasta 50 puntos por debajo de la misma, incluso después del aumento acordado para febrero.

La situación se presenta desafiante, donde la falta de un presupuesto adecuado y la restricción del derecho de protesta podrían afectar seriamente la calidad educativa y los derechos laborales en el ámbito universitario.

En este contexto, las universidades y los gremios docentes siguen movilizándose para hacer frente a una situación que podría impactar significativamente en el desarrollo académico y laboral del país