"Discapacidad en emergencia, no al ajuste": ¿ Que está pasando con las prestaciones?



El Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud y educación junto a asociaciones de pacientes con discapacidad y sus familias, se movilizaron esta semana en distintos puntos del país y realizaron un acampe en Plaza de Mayo en reclamo por el atraso en los pagos de las prestaciones (salud, educación, vida autónoma, transporte, entre otras) y contra el “ajuste” en el sector, lo que impacta en la falta de continuidad de tratamientos y terapias que resultan imprescindibles para una buena calidad de vida de las las personas con discapacidad.


“Estamos defendiendo los derechos de las personas con discapacidad que hoy están siendo vulnerados. El atraso en el pago a los prestadores hace que peligren las prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, sostuvo Marcela Kriskovich, de la Asociación Civil Prestadores Discapacidad Unidos, durante una reunión de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, donde ONGs expusieron las dificultades que atraviesa el sector y pidieron el urgente tratamiento de una nueva Ley de Discapacidad.


¿Qué está pasando con las prestaciones para las personas con discapacidad? ¿Cómo comenzó el conflicto? ¿Qué dice el Gobierno nacional? Te lo contamos :


Atraso en los pagos a prestaciones


“En realidad, siempre el sistema funcionó con un poco de retraso, siempre se lograba cobrar las prestaciones a través de las obras sociales a 60 o 90 días pero con este nivel de inflación es cada vez más difícil. Desde julio para acá no se ha cobrado y hace poco hubo una comunicación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que consignó que había un retraso y eso fue la gota que rebalsó el vaso”, explicó Martín Passini, de la Asociación Apadim Córdoba.


La comunicación en cuestión, publicada por la SSS el 25 de agosto último, refiere al “Mecanismo de Integración”, el nombre con que el Decreto N° 904/16 designa la distribución directa de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución a las obras sociales nacionales, para financiar las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Resolución N°428/1999), como contamos en detalle en esta nota.


Allí, la SSS informa que “se encuentra en el proceso normal de acopio en la recaudación mensual correspondiente, hasta la integración del monto total de dicha liquidación, sin quitas. En función a las proyecciones de recaudación y del incremento en los montos de las prestaciones a financiar, se estima completar dicho acopio para su distribución por parte de la AFIP dentro de la primera quincena de septiembre de 2022”.


Aranceles desactualizados:


Al retraso en los pagos, se suma la necesidad de actualización de los valores de los aranceles de las prestaciones contempladas en el Nomenclador. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció el 1°de agosto un aumento de un 25% acumulativo, con cláusula gatillo en el mes de octubre.


Pero los profesionales que prestan servicios de salud y educación a personas con discapacidad reclaman que es insuficiente para recomponer los honorarios de los trabajadores frente a la inflación. “Hoy el kilómetro de un transportista cuesta $ 100 y cargar un litro de nafta cuesta $ 200. No hay manera de sostenerlo. Yo no consigo transporte para mi hijo”, explicó a Chequeado Karina Herrera, presidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (Afapprei).


Este medio realizó recientemente un pedido de acceso a la información pública para determinar si el pago de las prestaciones a personas con discapacidad se encuentra en los niveles normales en relación con años anteriores, o sufrieron una caída real en el monto de las mismas.


El Colectivo de Discapacidad también expresó su preocupación ante versiones que circularon acerca de la creación de un supuesto Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad que implicaría que las prestaciones de educación y transporte sean directamente asumidas por el Estado nacional con fondos del Tesoro y no por las obras sociales.


“El sistema de prestaciones básicas en discapacidad está completamente vaciado. No están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están aprobando las horas ni disciplinas que necesitan las personas con discapacidad. Están cortando la cadena de pagos y aunque les duela hay un ajuste”, sostuvo el psicólogo Guillermo D Kühl, de Monotributistas Organizadxs, durante la reunión en Diputados.


Y agregó: “Las obras sociales querían sacar un DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia] para no hacerse cargo de las prestaciones a las personas con discapacidad. Esta es una problemática general, funciona mal todo el sistema”.



Qué dijo el Gobierno nacional


Desde la Superintendencia de Servicios de Salud y la ANDIS anunciaron el miércoles último la creación de una mesa de trabajo junto a prestadores del sector de discapacidad para resolver todas aquellas situaciones específicas de pagos y, al mismo tiempo, señalaron que “las transferencias de la AFIP a obras sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente”.


Asimismo, convocaron a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional. Y abrieron un formulario web específico para que los prestadores puedan dar curso a su reclamo y presentar sus facturas pendientes de cobro.


Sin embargo, desde las ONGs aseguran que la situación aún no se regularizó. “Salieron los pagos más chiquitos, las obras sociales más chicas y con menor cantidad de afiliados con discapacidad. Otras que son prepagas pero están funcionando como obra sociales, como por ejemplo ASE, pagó el 50%. Van pagando a cuentagotas según van liberando los fondos”, explicó a Chequeado Herrera, de Afapprei, que adhirió al reclamo pero no formó parte del acampe en Plaza de Mayo.


En tanto, el Ministerio de Economía desmintió recortes en el área. “Ante versiones respecto a que las medidas anunciadas con el objetivo de propiciar el orden fiscal involucran recortes en áreas de discapacidad, el Ministerio de Economía informa que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, explicaron en el comunicado.


Como contamos en esta nota, el Gobierno nacional dispuso un recorte de $ 210 mil millones en 6 de los 18 ministerios. La mayoría de los ajustes se dieron en gastos de capital y recayeron principalmente sobre programas como el Procrear y el Conectar Igualdad y las transferencias a las provincias.


En cambio, el Gobierno amplió en más de $ 500 mil millones las partidas destinadas al área de discapacidad, pero los fondos que fueron destinados en su mayoría al pago de los bonos especiales otorgados a beneficiarios de las asignaciones familiares por hijo con discapacidad y a las pensiones por invalidez laboral.


Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018), el 10,2% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. El INDEC planea realizar la Encuesta Nacional de Discapacidad 2023 en los hogares que durante el Censo 2022 indicaron tener un miembro con alguna “limitación o dificultad”.

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