“Ecocidio”, una definición que podría cambiar la historia del cuidado del medio ambiente

Esta nueva tipificación penal, que podría incorporarse en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, significaría un avance de gran trascendencia para castigar de manera directa a aquellos que con sus conductas lesivas y arbitrarias producen daños significativos contra la naturaleza.



“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”. Esta oración de 30 palabras podría cambiar para siempre la historia jurídica y obligar a países y empresas a rediseñar definitivamente sus sistemas de consumo y producción.


Se trata de una definición que podría incorporarse en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y llevar al banquillo a políticos y CEOs de todo el mundo que atenten contra los ecosistemas.


La definición de ecocidio ha sido impulsada por la campaña Stop Ecocidio, que nació en España, y pretende tener efectos concretos sobre la legislación internacional, pero también sobre la de los propios países. El panel internacional de expertos comenzó a trabajar en enero y la semana pasada fue presentada públicamente para alcanzar un texto definitivo, que se presentará a los Estados firmantes del Estatuto de Roma. Jojo Mehta, presidenta de la Fundación Stop Ecocide, explicó en una conferencia de prensa transmitida por videoconferencia que el panel había actuado “con un sentimiento de urgencia” y que ya contaban con el apoyo de varios países, “entre ellos Francia, Bélgica y España”, además del soporte del Papa Francisco.


Por el momento la Corte Penal Internacional reconoce cuatro delitos: genocidio (una palabra adoptada después de la Segunda Guerra Mundial), crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión (el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado). Este último delito fue definido en 2010 y se introdujo en el Estatuto de Roma en 2018, aunque solo es válido para cerca de 40 países.

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