El ajuste en discapacidad afecta a más de 1,5 millones de personas en Argentina

Carolina Armeloni, licenciada en psicopedagogía, directora de un centro de rehabilitación y vocera de centros categorizados de Córdoba, destacó que más de 1,5 millones de personas tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se ven afectadas por los recortes del Estado a los prestadores de salud. “La situación es la misma en todo el país porque a los fondos los gira el Estado y la obra social es una especie de intermediario y como los fondos no salieron desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ninguna obra social está pagando”, explicó Armeloni.

A través de un Fondo Solidario de Redistribución, compuesto por el 9% de los aportes y contribuciones (3 puntos de los trabajadores registrados y el 6% de las empresas) y de multas de la SSS, el Estado administra los recursos para que las obras sociales puedan depositar el salario de los prestadores.

A su parte, la SSS que depende del Ministerio de Salud de la Nación, se encarga del depósito de las obras sociales sindicales, que son 300, y requieren, a su vez, del desembolso de AFIP. “No cobramos desde mayo y junio, somos una minoría y estamos acostumbrados al destrato, pero nos están agregando una demora más”, comentó la profesional.

Y explicó: “Las personas con discapacidad necesitan distintos apoyos, esto afecta la calidad de vida, por ejemplo, si un paciente va a un centro de día y no puede asistir, también afecta a las familias”.

“Estamos precarizados, somos monotributistas y si no trabajamos no cobramos, tampoco tenemos vacaciones pagas y los aumentos dejaron de acompañar la inflación, hay profesionales que no tienen dinero para tomarse el colectivo”, describió.