El Gobierno creó un comité que analizará el impacto de la pandemia en la población con discapacidad
A más de un año de la pandemia y en medio del reclamo de vacunación de familias con hijos que son de riesgo, las autoridades nacionales avanzaron con un organismo que funcionará “como un espacio de investigación”
A más de 16 meses de que se detectó el primer caso de coronavirus en la Argentina, el Gobierno decidió crear un comité para analizar “el impacto de la pandemia del covid-19 en la población con discapacidad”, el cual tendrá como objetivo brindar asesoramiento interno y hacer un seguimiento de la situación en la que se encuentra este sector de la ciudadanía.
A través de la Resolución 965/2021, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales avanzan por primera vez con un organismo que funcionará “como un espacio de investigación y planificación de medidas de contención”.
La medida se dio a conocer en medio del reclamo de las familias con niños que poseen patologías de riesgo, quienes piden la urgente compra por parte del país de la vacuna producida por Pfizer, que por ahora es la única que está autorizada por las entidades regulatorias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y Canadá para menores de 18 años.
Hace algunas semanas, la red de familias Argentinas autoconvocadas “VacunaMe, Chicos en Riesgo” emitió un comunicado en el que solicitó que se modificara la Ley 27.753 para la adquisición de inoculantes de laboratorios estadounidenses, para avanzar así con la inmunización de niños y adolescentes con discapacidades y comorbilidades, que los hacen más vulnerables frente al COVID-19.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que la tasa de letalidad del coronavirus entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general.
Justamente el director ejecutivo de este organismo, Fernando Galarraga, fue quien firmó la Resolución a partir de la cual se creó este Comité que, entre otros puntos, deberá “brindar asesoramiento interno sobre las implicancias biopsicosociales de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad”; dar “seguimiento a la situación de los derechos humanos” de este grupo de la población; “elaborar informes y recomendaciones”, y “sugerir líneas de acción que contribuyan a disminuir y prevenir las secuelas derivadas del COVID-19″ en estas personas.
