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El gobierno de CABA firmó un convenio para difundir un 0800 antiderechos en los hospitales públicos




La semana pasada el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del Consejo Social, Cynthia Hotton y Diego Santilli, encabezaron un encuentro ante mil pastores evangélicos. Con la presentación de la "Agenda Social 2023" del consejo, Larreta buscó dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. La misma que agita Milei contra la Educación Sexual Integral, por dar un ejemplo.


En el encuentro, el actual precandidato a presidente por Juntos por el Cambio planteó que el Ministerio de Salud de Fernán Quirós y el organismo presidido por Hotton firmaron un acuerdo “para implementar una línea telefónica de contención en los hospitales públicos de la Ciudad desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.


Se trata de un “0800 vida” que ya se encuentra en funcionamiento desde abril de 2019 y es administrado por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, un conglomerado de organizaciones antiderechos ligadas a las iglesias evangélicas. La página oficial reza que las 400 instituciones voluntarias están "comprometidas con la defensa de las dos vidas y coordinadas por la Fundación Vida en Familia".


El Consejo Social es un organismo autónomo de la Ciudad de Buenos Aires destinado a implementar políticas sociales en articulación con organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y el gobierno. Larreta incorporó a Hotton en su Gobierno como otro guiño hacia los sectores conservadores, en ese sentido en su discurso destacó el rol de las organizaciones "dando cátedra" sobre "los valores de la familia". Muy lejos de la pose "gayfriendly" que busca darle a la Ciudad en fechas emblemáticas como la marcha del orgullo pintando el obelisco de color arco iris.


La iniciativa del 0800 ya se había impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri con un convenio realizado entre dichas organizaciones y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley. Al poco tiempo de conocerse se terminó cancelando debido a la polémica que generó que organizaciones antiderechos asesoren desde el Estado a personas con capacidad de gestar sobre derechos a los que se oponen, como en su momento era el aborto no punible.


Cabe recordar que son estas mismas organizaciones junto a la Iglesia Católica las que ponen múltiples trabas para que se cumpla la ley de Educación Sexual Integral. Desde el surgimiento de la marea verde los sectores antiderechos no descansaron impulsando todo tipo de campañas y su ligazón a sectores de la política que no se limita a la derecha. Sin ir más lejos, en diciembre de 2022 Alberto Fernández recibía en la Casa Rosada a los sectores evangélicos congregados en ACIERA reafirmando los lazos que ya existen.


Discursivamente Cynthia Hotton y Rodríguez Larreta para implementar la medida se paran en la necesidad de cumplir con la Ley Nacional N°27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como ley de los mil días. Pero detrás de este argumento, lo que se intenta naturalizar es que organizaciones confesionales y religiosas sean las encargadas de ejecutar políticas públicas de salud, dándoles más injerencia aún en el Estado.

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