El Gobierno frenó la apertura de cinco nuevas universidades que fueron aprobadas por el Congreso
El gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas está la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que fundó la fallecida Hebe de Bonafini, las de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
En los fundamentos de la resolución se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas”.
En los considerandos de la medida se aclaró que el freno de la apertura se mantendrá hasta tanto se pueda “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.
La decisión la tomó el presidente Javier Milei y la ejecutó el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, con la intervención del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez (h.). En cuatro artículos, dos de ellos de forma, se ordena “establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales” creadas por ley, “con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo”
También, la resolución dispuso “dejar sin efecto” las resoluciones que ponían en marcha la apertura de esas casas de estudio, que fueron firmadas por el ex Ministerio de Educación, que pasó a ser secretaría en esta administración. La medida tomada por el gobierno no ordena el cierre de esas universidad, sino que opta por demorar la apertura y dejarlas en un limbo jurídico.
