Patricia Bullrich creó una unidad de seguridad especial para reprimir huelgas, piquetes y ocupaciones de fábricas

Con la firma de la ministra de Seguridad en el Boletín oficial se publicó la resolución 499/24 mediante la cual crea la Unidad de Seguridad Productiva dependiente de la Dirección Nacional de despliegue territorial. La decisión se tomó en momentos en los cuales el Senado de la Nación se aprestaba a aprobar, con cambios, el proyecto de ley Bases.

Allí, entre otros agregados, la cámara alta incluyó un artículo mediante el cual dispone la causalidad de despido por “grave injuria laboral” para los trabajadores que bloquearan u ocuparan establecimientos. A la vez, en otro artículo, anula la prohibición de los despidos discriminatorios reemplazándola por el reconocimiento de apenas una indemnización especial.

Una y otra norma resultan coherentes y hasta complementarias. El gobierno pretende cercenar al extremo el derecho a la protesta en el contexto de una profundización del ajuste y la recesión que plantean un horizonte de despidos y cierres de empresas. En la misma estrategia se enmarca la persecución política y judicial que desarrolla el juez Sebastián Casanello contra los dirigentes de las organizaciones piqueteras que, entre otros puntos, reclaman la restitución de la comida para los comedores populares y la actualización de los montos de los planes Potenciar Trabajo.

Allanar el camino al gran capital

La creación de la Unidad de Seguridad Productiva también encuentra coherencia con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) que crea la misma ley y que pretende allanar el camino de gravámenes y obligaciones tributarias para el ingreso de inversiones extranjeras y la remisión (fuga) de sus utilidades. El nuevo organismo de seguridad servirá también para garantizar a las empresas un camino allanado frente a conflictos sindicales que pudieran ocurrir al interior de las mismas o, también, los que pudieran producirse entre las compañías extractivistas y las comunidades en las que piensen radicarse.

Sobran ejemplo en el país de comunidades que, con la movilización popular, rechazaron la implantación de mineras contaminantes. Gran parte de la estrategia económica del gobierno pasa por la explotación del litio y el desarrollo de Vaca Muerta de la mano del capital foráneo.

Por eso la resolución ratifica la “competencia” de la cartera conducida por Patricia Bullrich “en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías”. La nueva unidad apunta a asistir a las empresas que  “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”.

La misma Patricia Bullirch en la presentación del proyecto señaló que “el país necesita seguridad en aquellas áreas donde la gran inversión es un objetivo”. En tono amenazante la ministra de Seguridad adelantó que “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo y lograr que el costo argentino baje”.

La norma dispone que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.